Durante muchas décadas, las universidades contaron con ciertos modelos para sostenerlos. Para las instituciones públicas, eso significaba constante asignaciones del estado y modestos ingresos de matrícula. Para instituciones privadas, eso significaba un flujo constante de estudiantes que pagaban la matrícula, produciendo lo suficiente ingresos para operar la universidad y subsidiar a aquellos estudiantes que no pueden pagar. Para las universidades de investigación públicas y privadas, eso significaba un aumento presupuestario constante para agencias federales que financian estudios científicos.
Pero ya ese escenario no es así.
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